En este sentido, es importante recordar que no existe un perfil específico de víctima ni de maltratador, la violencia de género no entiende de edades, de clase social ni de ideologías o nacionalidades. Las chicas y chicos jóvenes están reproduciendo pautas de comportamiento machista, tanto en sus relaciones personales como en sus vínculos a través de las redes sociales digitales, del que muchas veces las menores no son conscientes. Por ello es necesario dirigir la mirada hacia el público más joven y hacia el nuevo entorno tecnológico y realizar acciones informativas y comunicativas a través de redes sociales y de otros canales digitales, que son las vías por las que los jóvenes se informan. En este sentido se enmarca la propuesta hecha por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) al Ministerio de Educación para que se implante en la ESO una asignatura de periodismo/comunicación como forma de contribuir a la alfabetización digital, más necesaria que nunca a la vista de los bulos, infundios, mentiras y acosos, sobre todo a las mujeres, que circulan por las redes.

Pero el enfoque informativo sobre la violencia de género debe ir dirigido también a la clase política y a los distintos organismos y entidades encargados de gestionar y planificar la prevención, atención y apoyo a las víctimas y las medidas destinadas a acabar con esta lacra. Es importante visibilizar todos los recursos puestos en marcha por las distintas administraciones públicas y entidades privadas; hacerse eco de las decisiones políticas, de las actuaciones policiales y judiciales y de las iniciativas sociales de apoyo, que muestren la condena y la respuesta global que se está dando a este tipo de violencia. Pero también es preciso hacer reportajes sobre fallos del sistema; sobre la escasez de recursos en equipos forenses, en unidades policiales o en organismos judiciales; sobre la necesidad de formar adecuadamente a los agentes encargados de la atención policial en la primera denuncia de una mujer maltratada, porque esa primera toma de contacto puede marcar la actitud futura de la víctima; o sobre la revisión y mejora de las medidas de protección.

Para mejorar el tratamiento periodístico de la violencia de género, sería recomendable también establecer cauces de comunicación más ágiles entre las fuentes oficiales y los periodistas, facilitando así el ejercicio del derecho a la información y buscando la forma de aportar datos que puedan ser utilizados en las informaciones sin interferir en otros derechos, como el derecho a la intimidad.

En muchas ocasiones, los servicios especializados de atención profesional a víctimas de violencia de género desconocen cuál es la vía más adecuada para tramitar y trasladar información a los medios de comunicación. En buena parte de los centros y organismos encargados de esta atención no existen protocolos internos respecto a dar información periodística sobre víctimas. Sería conveniente, por tanto, establecer algún tipo de protocolo con pautas de actuación para la recogida y difusión de datos de interés público, en los que se establezca quién o quienes pueden ser la fuente de información prioritaria y qué información se puede facilitar, incrementando de este modo la relación con los medios.

En este sentido, resultaría de gran interés establecer actividades de formación conjunta –entre periodistas y expertos vinculados con la atención profesional a víctimas de violencia de género– para comprender las necesidades comunicativas de ambos entornos, actualizar conocimientos con respecto a los recursos y protocolos de atención y redundar así en una mejor información para los ciudadanos. Los Colegios Oficiales de Periodistas, dada su condición de Corporaciones de Derecho Público que representan institucionalmente a la profesión y en virtud de las atribuciones que la propia legislación les confiere, entre ellas la de colaborar con las administraciones públicas, son el instrumento adecuado para articular estas medidas.